En el auditorio Galo Plaza de la UIDE se llevó a cabo el 6to Ciclo de Jurisprudencia Constitucional, que en esta oportunidad invitó a académicos de nuestra universidad a participar. Jorge Baeza, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Humanidades, dio la bienvenida a los asistentes a este encuentro y aseguró que este trabajo conjunto reafirma la relación indispensable entre la más alta corte del Ecuador y la academia. Este vínculo ayuda a brindar mejores profesionales al Ecuador, aseguró y resaltó la importancia de insistir en el desarrollo y protección de los derechos de las mujeres, niñas, nuños y adolescentes, más aún en tiempos tan complejos como los que vivimos en donde los índices de violencia son tan altos. “Trabajar para evitar que los horrores de la violencia se repitan es un deber que asumimos desde la academia con un gran compromiso”, señaló Baeza. Por esta razón la Escuela de Derecho se unió a la Jornada de Jurisprudencia Constitucional, con la finalidad de aportar a la sociedad sobre la concientización de nuestros derechos fundamentales desde un plano jurídico.

El decano puntualizó además que se pretende presentar a la comunidad un análisis que se ha realizado en la universidad a partir de la jurisprudencia constitucional.

Andres Ricaurte, docente de la UIDE y experto en derechos humanos, moderó el panel en el que participaron los académicos de la Escuela de Derecho de la UIDE con su análisis y puntos de vista sobre importantes temas alrededor de los derechos de estos grupos prioritarios. Rosa Alva Guevara, docente y máster en Derecho Constitucional y de Familia, abordó el tema de “La lactancia en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional” en el que analizó la condición de vulnerabilidad que viven las mujeres por la brecha salarial y de desigualdad de derechos y circunstancias frente a sus pares hombres. Esto se agudiza con la condición de embarazo y lactancia en las mujeres, dijo, pues el sesgo y construcción cultural donde las responsabilidades familiares se las ha endilgado a las mujeres profundiza esa brecha. Jean Pierre Ruiz, quien se ha desempeñado en cargos como consultor, docente y funcionario de la Defensoría del Pueblo, analizó dos casos sobre la “Autonomía Progresiva e Interés Superior del Niño a la luz de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional”. En la presentación de los casos recordó a la Corte que los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) prevalecen sobre los derechos de sus padres; y que en todos los casos en los que los NNA se vean involucrados, debe preponderar el derecho a expresar su opinión libremente y a tomarlos en cuenta en todos los asuntos que le afectan. En esa misma línea, María Isabel Zurita, especialista en Derecho Procesal, se refirió a “La opinión de los niños, niñas y adolescentes en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”. Su análisis reforzó los criterios expuestos por Ruiz y cómo el sistema suele vulnerar u olvidar sus derechos. Jaqueline Guerrero, abogada de los tribunales y juzgados de la República, abordó una preocupación de la nueva era: “Acoso digital a mujeres”. La jurista hizo un repaso de lo que es considerado como violencia de género digital y cómo este es un nuevo frente al que las leyes deben prestar mayor atención y trabajar para evitar que se vulneren los derechos de quienes se ven afectadas en este nuevo espacio. Gustavo Silva, docente y experto en Derecho Constitucional, analizó el derecho al aborto desde la filosofía analítica del derecho. Expuso tres teorías: Teoría absoluta del contenido esencial; teoría relativa del contenido esencial y la tabla de correlativos y opuestos de Hohfeld, y cómo estas teorías aplican al reconocimiento o no del aborto como derecho. Tras las ponencias, los estudiantes tuvieron la oportunidad de presentar sus dudas sobre los temas expuestos a los panelistas. Antes de finalizar Daniel Gallegos, director del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, de la Corte Constitucional del Ecuador, agradeció a la universidad por la predisposición para poner en debate la jurisprudencia de la corte constitucional.