La Facultad de Jurisprudencia Andrés F. Córdova de la Universidad Internacional del Ecuador, con motivo de la selección de los miembros de la Corte Constitucional del Ecuador, y con el ánimo de aportar al debate jurídico a nivel académico y ciudadano, realiza las siguientes apreciaciones:
- La Corte Constitucional del Ecuador como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia en la materia, constituye el más importante eje de la garantía del estado de derecho, en cuanto resguarda la vigencia real y el desarrollo progresivo de los principios y derechos constitucionales en los ámbitos: jurisdiccional, democrático, tutela de derechos y límites jurídicos a todas las formas de poder público y privado.
- El principio fundamental, que la Corte Constitucional debe vigilar con mayor celo, por aglutinar a los demás, es el de la Seguridad Jurídica, entendido por la propia Constitución (Art. 82) como el respeto a la Carta Fundamental y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.
- La seguridad jurídica o certeza frente al ejercicio del poder estatal tiene una relación directa con los elementos jurídicos de: estricta legalidad, vigencia, irretroactividad, eficacia normativa, entre otros; pero, sobre todo, es un derecho humano que se resume en la existencia de un sistema jurídico estable y la eficacia de su administración de justicia. En general, una coherencia palpable en cada actuación que ha de tender al sometimiento del poder político a la razón jurídica, a fin de evitar o reparar cualquier abuso de poder.
- La expansión que ha tenido la institución: Seguridad Jurídica, en los últimos tiempos, ha hecho que su conceptualización traspase el ámbito jurídico; constituyéndose como una constante en la ineficiencia de políticas públicas en la materia jurisdiccional e inclusive en otras de diferente naturaleza.
La selección de los nuevos miembros de la Corte Constitucional, todos ellos profesionales del Derecho de distinguida probidad y capacidad técnica, trae consigo varios retos: la descongestión procesal de las causas represadas, la recuperación de institucionalidad y credibilidad del órgano, la plena vigencia y avance progresivo de los derechos en lo material y sustancial, así como la configuración de un sólido y coherente sistema de precedentes jurisprudenciales; que permita su legitimación funcional en su gran deber de defensa al estado de derecho, los derechos humanos, y los ideales republicanos de gobierno.
Las soluciones a estos problemas, constituidos en retos institucionales pueden solventarse de diversas estrategias, por citar algunas: mejoramiento de la distribución del sistema de sorteo de causas, expansión del personal de apoyo para jueces, sistematización de sus precedentes que les permita pronunciamientos homologados, fallos cortos que atiendan estrictamente al principio de congruencia que consiste en vincular el análisis y la decisión únicamente con los aspectos relevantes para resolver la causa, en virtud de la traban la Litis, sin abundar en retórica intrascendente.
Nuestra misión como Facultad de Jurisprudencia supera los límites de la educación de excelencia y de la investigación en materia de derecho constitucional, con enfoque social por lo que auguramos a la nueva Corte Constitucional el mejor de los éxitos de tan ardua tarea; no obstante, estaremos vigilantes sobre sus actuaciones para aportar desde la academia con criterios y elementos de juicio con la sana intención de apoyar a una actividad institucional de la que depende la tutela efectiva de los derechos y las libertades de todas y todos.
